Ángel Aguirre fortaleció a la UPOEG, ahora acusada de violar derechos humanos y otros delitos


*Comunitarios de Bruno Plácido, acusados de matar a seis integrantes de una familia en zona rural de Acapulco

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Ángel Aguirre fortaleció a la UPOEG, ahora acusada de violar derechos humanos y otros delitos

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Junio 11, 2017 22:22 hrs.
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*En abril del 2013, la UPOEG firmó convenio con el Gobierno estatal, pero ha actuado en forma ilegal

Gilberto Guzmán

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Cuando el 23 de abril del 2013 el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero firmaba un convenio con Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quizás no dimensionaba el riesgo que implicaba otorgar concesiones y facilidades a una organización que estaba y a cuatro años de distancia permanece fuera de la ley, y hoy se encuentra cuestionada por los excesos de sus integrantes en contra de otros ciudadanos.
El viernes 9 de junio, en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, en el Acapulco rural, fueron asesinadas seis personas entre ellas tres mujeres, un hombre, un adolescente y un bebé de cuatro meses.
Del múltiple asesinato, ocurrido alrededor de las 11 de la mañana, testigos acusaron a los llamados policías comunitarios de la UPOEG, a quienes señalaron de haber atacado dos viviendas con el saldo mortal indicado.
Ese día, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que según las primeras declaraciones de familiares de los muertos y heridos, varios hombres armados llegaron a las viviendas ubicadas en el punto conocido como ’brecha de la Ceiba’, y dispararon contra sus moradores, matando a seis e hiriendo a tres, aparentemente todos de la misma familia.
De las edades de las víctimas, indicó que las mujeres tenían 24, 37 y 45 años de edad, y los hombres tenían cuatro meses de nacido, 17 y 45 años de edad.
También resultaron heridos: una niña de 8 años de edad, un niño de un año y otro de 11, que fueron trasladados a un hospital de Acapulco.

Los comunitarios de Bruno, tras asesinatos en Cacahuatepec, acusan

La mañana del sábado, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, rechazó que en San Pedro Cacahuatepec se haya registrado un ataque directo contra las víctimas.
Aseguró que la balacera se originó porque policías ciudadanos fueron atacados a balazos y persiguieron a presuntos extorsionadores hasta su casa.
Explicó que un ingeniero que vende lotes en la zona solicitó el auxilio de la UPOEG porque estaba siendo extorsionado, que al llegar un grupo de 12 policías ciudadanos se encontró con los presuntos extorsionadores, que fueron agredidos, respondieron la agresión y persiguieron a los delincuentes hasta su casa, donde se enfrentaron.
’Los delincuentes no se metieron a una casa externa, se metieron a su casa’, declaró y afirmó que el domingo los policías ciudadanos se presentarán a la Fiscalía para dar su versión.
También agregó que se tienen que esperar los peritajes y los resultados de la Fiscalía para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si los habitantes de la casa murieron en el fuego cruzado o participaron en un enfrentamiento.
Pero el sábado, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez, difundió otro comunicado de prensa en el que cambia la versión de los acontecimientos, aunque afirmó que no habrá tolerancia para quienes resulten responsables de los asesinatos.
El boletín detalla que durante los hechos, un grupo armando identificado por la UPOEG, trató de detener a otro de supuestos extorsionadores, quienes se refugiaron en su domicilio.
Sobe las declaraciones que el sábado emitió Bruno Plácido en una conferencia de prensa donde se comprometió a presentar a los miembros de la UPOEG, señalados como presuntos responsables, el vocero dijo que ’se espera lo hagan de inmediato ante las autoridades competentes’.

Pese a convenio con Aguirre, UPOEG sigue en ilegalidad

El 23 de abril del 2013, la UPOEG y el gobierno encabezado entonces por Ángel Aguirre Rivero, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los grupos armados de autodefensa creados por esa organización conformarían un sistema de seguridad y justicia ciudadana, recibirán salarios, además de asesoría del Ejército Mexicano.
Sin embargo, la UPOEG no estaba reconocida por la ley para realizar actividades de seguridad pública en las comunidades, porque la Ley 701 de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, únicamente respalda a la Coordinadora Regionales de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuya zona de influencia es principalmente la Costa Chica y en particular el municipio de San Luis Acatlán.
A cuatro años de la firma de ese convenio, la UPOEG y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que surgió después para disputar el territorio de influencia al grupo de Bruno Plácido, son organizaciones que siguen actuando en la ilegalidad al no estar reconocidas en la Ley 701, aunque el líder Plácido afirma que la Policía Ciudadana está fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y que a diferencia de la CRAC, no necesariamente debe limitar su operación a zonas indígenas regidas por usos y costumbres.
En la firma del convenio con el gobierno estatal, Bruno Plácido anunció que la acción ayudaría a que el gobierno federal entendiera que detrás de la UPOEG no hay guerrilla, narcotraficantes, o alguna mano que mece la cuna, ni políticos que estén financiando ese movimiento.
Agregó que el convenio ayudaba a ratificar que el movimiento se transparenta y se abre a la opinión pública para que sea vigilado, para que no se cometan abusos ni lo señalen como grupos de autodefensa, ’en su momento lo hicimos, pero ya pasamos esa etapa y hoy somos el sistema de justicia y seguridad ciudadana’.
Por su parte, el entonces gobernador Ángel Aguirre señaló que ’La idea es que estos compañeros que forman parte del sistema de seguridad pública ciudadana reciban capacitación en materia de derechos humanos y en las instalaciones del Ejército Mexicano’.

Contra Bruno hay acusaciones de narcotráfico

Sin embargo, no se cumplió ni el ofrecimiento de Bruno Plácido de que los policías comunitarios no cometan abusos contra la ciudadanía, y tampoco se supo que los integrantes de la UPOEG hayan recibido capacitación en derechos humanos ni en las instalaciones militares, porque la misma 35 Zona Militar desconocía la existencia del convenio.
Aunado a ello, Bruno Plácido ha sido acusado de proteger a grupos del narcotráfico que operan en la zona rural de Acapulco.
El pasado 18 de mayo, por ejemplo, comisarios de diversos poblados y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec que pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron en conferencia de prensa que hombres armados de la UPOEG han golpeado a vecinos y cobran cuotas a los trasportistas de la zona, por lo cual exigen su salida inmediata.
Ese día, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió vía telefónica:
’No vamos a permitir la permanencia de un grupo ilegal armado en los Bienes Comunales de Cacahuatepec’, y acusó que entre los comisarios y el Cecop van a sacar a la policía de la UPOEG, que entró con violencia a ese territorio el 8 de marzo pasado y pretendió desplazar a la Policía Comunitaria que tiene su base en la comunidad de La Concepción.
Suástegui salió de Cacahuatepec en febrero, después de que recibió amenazas de muerte, y ahora ha declarado:
’Puedo decir con plena seguridad que Bruno Plácido Valerio está operando para el narco, que quiere trazar en Cacahuatepec una ruta para el trasiego de droga’, según la nota que publicó el periódico El Sur.
Hace dos semanas, Bruno Plácido defendió el derecho de sus policías comunitarios a portar armas de grueso calibre, destinas al uso exclusivo del Ejército, con el argumento de que se tienen que enfrentar a criminales que traen buen armamento, y ni modo que anden con escopetas.


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