Durante la última década se han ido creando normas jurídicas y diseñando políticas públicas a nivel federal y en diversas entidades federativas para poder garantizar el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos de periodistas en México, sin embargo, los resultados evidencian que la mayoría de esas acciones han fracasado y que otras han tenido una aplicación deficiente, porque las personas encargadas de operarlas se distinguen por su improvisación y su falta de ética al aceptar un empleo público para el cual no están capacitados técnicamente y porque carecen de la experiencia necesaria para enfrentar, por ejemplo, el fenómeno de la violencia contra periodistas.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se han documentado cerca de medio centenar de asesinatos de trabajadores de medios de comunicación, la mayoría con evidentes elementos de que las causas están relacionadas con su actividad profesional, hipótesis que no se pueden descartar porque la institución del Ministerio Público no investiga, solo criminaliza a las víctimas y abona, con sus omisiones y negligencia, a la impunidad.
A tres meses con diez días de que tome posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el momento de reflexionar sobre cuáles son los ajustes legislativos y en materia de políticas públicas que se deben realizar para que el fenómeno social de la violencia contra periodistas se atienda de fondo y no solo con acciones que buscan maquillar la realidad.
En unas 15 entidades del país, la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) A.C., en diferentes momentos y circunstancias ha orientado, asesorado y/o acompañado a colectivos de periodistas que se dieron a la tarea, por la gravedad y urgencia, de impulsar proyectos de leyes de protección, cuyos resultados fueron echados a la borda por congresos estatales, que se supone tienen la misión de legislar en beneficio del pueblo.
El caso de Quintana Roo tiene un tratamiento especial, porque las señoras legisladoras y los señores legisladores de la XV Legislatura no tienen ni idea sobre qué significa la protección de los derechos humanos del gremio periodístico.
Hay una docena de leyes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están vigentes en el país, la última en ser aprobada es la del estado de Michoacán, sin embargo, la mayoría no cumplen con su cometido, porque los mismos congresos estatales, en contubernio con los gobernadores en turno, se han negado a proporcionarles recursos para operarlas.
A nivel federal se tiene una ley solo con alcances federales, fue imposible, llevarla al ámbito general y por lo tanto, cada estado tiene que crear su propia ley con las fobias y filias hacia quienes ejercen el periodismo o hacia las personas que defienden derechos humanos.
Ante el reto que representa garantizar los derechos de periodistas en todo México, desde Quintana Roo se sigue trabajando por la creación de una nueva ley que sustituya a la que por ignorancia, integrantes del Congreso en funciones abrogaron.
Pero también es el momento de analizar a profundidad la propuesta que ya se está trabajando en otras entidades y por colectivos de organizaciones civiles, en el sentido de elaborar un proyecto de ley nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y con ello, unificar la normatividad en todo el país y terminar con caprichos de los gobiernos en turno.
Crear una ley de esta naturaleza requiere de un auténtico ejercicio de participación de las mujeres y hombres que hacemos periodismo en el país, porque somos quienes a diario nos enfrentamos con la violencia en sus diferentes niveles, tanto la que se genera desde las empresas de medios de comunicación, como la que ejercen los grupos de poder político y económico que hacen uso de las empresas de medios.
En México requerimos tanto de instrumentos jurídicos como de políticas públicas que nos permitan ejercer el periodismo con libertad, no solo necesitamos una ley que nos protejan a quienes vivimos en riesgo por nuestro quehacer profesional, requerimos de acciones gubernamentales y de la participación de la sociedad para no vivir y trabajar en la zozobra y en la violencia.
El quehacer periodístico no puede ser una profesión de alto riesgo en una democracia, por lo que corresponde al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sentar las bases jurídicas, políticas, sociales y económicas para que podamos ejercer nuestra libertad de expresión, nuestro derecho al trabajo y contribuir a que el Estado mexicano garantice el Derecho a la Información como lo establece el artículo sexto de la Constitución Federal.
Desde los diferentes estados de la república Mexicana donde ya se tiene la experiencia de haber elaborado proyectos de ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en los otros, donde el quehacer periodístico tiene mucho que aportar a la construcción del Derecho, impulsemos un proyecto de Ley Nacional con la finalidad de que seamos las mujeres y hombres periodistas quienes plasmemos nuestra realidad en el texto jurídico.
Utilicemos las estructuras gremiales que se han ido conformando paso a paso, como la red de enlaces de la Casa de los Derechos de Periodistas A.C., la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas, la Organización Horizontal, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Red de Periodistas de a Pie, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, así como esos cientos de organizaciones locales de periodistas que solo se reúnen para hacer fiestas. Es momento de la inclusión y de trabajar por una ley nacional que no solo sea de protección, sino que sirva para reconocer los derechos de periodistas que están contemplados en los instrumentos internacionales suscritos por México.
Requerimos de normas jurídicas y de políticas públicas que no solo sirvan para tapar el pozo después del niño ahogado, sino que su función sea preventiva con la finalidad de garantizar derechos.
Evitemos tener leyes que vengan a institucionalizar ’el chayote’, mejor trabajemos para que el Estado fortalezca sus instituciones y tenga la capacidad para condicionar publicidad oficial a cambio de que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales.
Como periodistas debemos reconocer que somos personas trabajadoras, empresarias o emprendedoras independientes y que por el trabajo que realizamos debemos tener los ingresos suficientes para tener una vida digna y decorosa y poder desempeñar la función social que como periodistas tenemos.
Cuando una democracia no está consolidada, como la mexicana, los poderes formales y los de facto son tocados por la tentación del autoritarismo, por la censura, por la represión, por lo que es el momento histórico para que como periodistas salgamos fortalecidos de este periodo de transición política, porque la sociedad mexicana se lo merece.