Por Norma Cardoso/Lulú Mercado

La mañana de este jueves, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, firmó un Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, en el combate a la corrupción durante el Proceso Electoral Ordinario 2021.

El acuerdo de voluntades tiene como fin, acciones conjuntas para la verificación de la legalidad durante el proceso electoral, la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y hechos de corrupción, así como la difusión e implementación de buenas prácticas que fomenten la integridad electoral, en relación con el debido uso de los recursos.

En su intervención el presidente del IEEN, José Francisco Cermeño Ayón, dijo que el llamado a través del convenio a las y los actores políticos es para sostener nuestra identidad de nayaritas por sobre el poder y el dinero; dijo asimismo que el convenio tiene un sello correctivo y preventivo. ’El exhorto es a privilegiar la acción preventiva por sobre la acción correctiva, la invitación es, sobre todo, para que este proceso electoral privilegiemos la fase preventiva, con este convenio’.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, explicó que el Convenio tiene agradeció la colaboración de las instituciones presentes para la realización de este acto, al que calificó de blindaje electoral; ’estamos construyendo un andamiaje que generará acciones concretas para poder atender un tema central que es el combate a la corrupción, fenómeno que no puede verse aislado de todos los componentes del modelo constitucional, incluyendo, por supuesto, la parte electoral’, subrayó.

Indicó que la corrupción y las elecciones se relacionan por el desvío de recursos públicos para fines electorales: el peculado electoral; la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales, a partir del financiamiento ilícito, y el pago de grupos empresariales a partidos políticos, candidatas y candidatos para financiar sus campañas con la finalidad de tener contrataciones futuras.