Por Alfredo Padilla
Los derechos humanos en México, desde hace muchas décadas han constituido un ideal para el mejor desenvolvimiento y bienestar consecuente de la sociedad, partiendo de su consagración en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular de forma más explícita y amplia como derechos inalienables en la Carta Magna de 1917, de tal suerte que no extraña que hoy, sigan siendo en este sexenio, objetivo a perseguir dentro de los planes propugnados para la consecución de justicia a cada sector social.
No obstante, como todo lo que busca entonces equilibrio, justicia, equidad e igualdad sin ventajas de nada ni nadie sobre los demás (merma pues de beneficios personales de minorías que buscan concentrar poder por el poder mismo), acarrea resistencias, más de quienes por tradición han hecho de la desigualdad un sistema impenetrable de control y subsistencia del más fuerte sobre los débiles; y reconocer cabalmente el derecho inalienable de cada ciudadano sin importar su origen y condición social, a coexistir en sociedad, en un marco de paz, seguridad, respeto, valores y desarrollo, sigue siendo asignatura pendiente y uno de los mayores retos a vencer por las autoridades y las instituciones. De conformidad, es como Nayarit también tiene su propia lucha.
Esto último, es posible observarlo en temas concretos que han tomado relevancia con el inicio del presente 2023, como son los Colectivos de búsqueda y grupos independientes de Familiares de Desaparecidos, quienes pese a haber sido partícipes recientemente de un foro de consulta, organizado por el Congreso del Estado, para designar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pusieron al descubierto la necesidad de reforzar tanto atención y trato de continuo como líneas de acción que aseguren seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados. También es de hacer mención de lo propio en otro campo de gran impacto dentro de los planes de justicia, unidad e identidad de la federación y del propio Estado: pueblos originarios, que si bien han recibido por su parte cierta relevancia a través de reuniones, planes y proyectos de obra pública tendientes a ser coyunturales en la promoción de su cultura, queda en pie la pregunta: ¿Qué más hace falta para dar realce a la legislación vigente y más para optimizar al máximo lo efectuado?
Otros sectores no menos importantes, que también han hecho lo propio al pugnar por mejores garantías de respeto y salvaguarda de sus derechos como ciudadanos en la dinámica social de una nueva realidad, son los impulsores de la diversidad y equidad de género, dónde manifestaron en su momento la preocupación ante la existencia de iniciativas que estaban en la ’congeladora’ y que no les daban una explicación sobre que iba a pasar con estas.
A lo cual, la cuestión pues es la siguiente: ¿en dónde radica la mayor dificultad u oportunidad de mejora? Indiscutiblemente no solo los actores involucrados directamente, sino la población en general, requiere de mayores mecanismos de información, interacción y consulta, a efecto de saber cómo acceder a mayores beneficios, al igual que para el enriquecimiento de sus propios derechos.
La coordinación entre poderes y órdenes de gobierno, siempre comportará una base elemental para consumar beneficios importantes para el pueblo, y en este caso, profundizar en lo que realiza el Congreso en el tema en mención bajo tal premisa, dará mayor realce en conjunción con esta y otras acciones, por ejemplo, de los ayuntamientos, y en particular en obras como Ciudad de las Artes Indígenas en Tepic - proyecto recientemente anunciado por la Alcaldesa y su equipo de colaboradores como una gestión ante el Gobierno Federal en beneficios de los pueblos originarios-, lo mismo que lo efectuado en el Compostela en materia turística y productiva con participación estratégica de diversos sectores sociales. Es pues el momento, de ponderar el derecho de todos y por todos a una vida digna de progreso y de oportunidades para todos.
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