Emite informe el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores De Derechos Humanos

La actividad periodística se ha convertido en unas una de las labores de mayor riesgo en el estado de Puebla, no sólo por la cantidad de ataques que en forma sistemática se lanzaron contra el gremio a lo largo del 2017, sino por la indolencia con la que actuó el gobierno estatal, a través de la instancia procuradora de justicia y de la Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que se instaló en el mes de agosto de este mismo año.
En la mayoría de los casos en donde actuó el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, se tuvo que recurrir a la intervención de instancias federales, para la rápida atención de los agravios a los comunicadores y medios de comunicación, en donde se tuvo si no una eficiente respuesta, al menos sí una recepción inmediata de los casos que atentaron contra la libertad de expresión en el estado.
En el presente informe de actividades de este Colectivo, el primero que se expone públicamente para develar el estado que guarda la protección de los derechos de periodistas en el estado de Puebla, queda en evidencia la falta de probidad de las instancias estatales para salvaguardar el derecho de los comunicadores, sin detrimento de lo expuesto en los artículos 6, 7, 9 y 16 de la Constitución Política del país.
En virtud de lo anterior, en este informe el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos hace votos para que en el 2018 el número de atentados contra periodistas y medios de comunicación vayan a la baja, refrendando nuestro compromiso para que a través de nuestra gestión se garantice la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las y los periodistas que se encuentran en situación de riesgo real o potencial, a causa del ejercicio de su labor.
Hacemos también un llamado a las autoridades locales a que dispongan de los recursos que prevé la legislación vigente, para que por encima de todo se pueda salvaguardar el derecho de los comunicadores a su ejercicio periodístico, y el de la sociedad a un acceso de información certera y veraz que fortalezca la sana convivencia social.
Durante el 2017 este Colectivo intervino en 49 casos de agresión a comunicadores, los que recibieron desde amenazas de muerte y agresiones físicas hasta situaciones que obligaron al desplazamiento, lo que puso en evidencia la falta de respeto a la actividad periodística y la inobservancia de la ley por parte de la autoridad local para salvaguardar la seguridad de los comunicadores, que fueron acosados a causa de su trabajo informativo, colocando al estado de Puebla como una de las entidades de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en todo el país.
Del total de las agresiones registradas en el 2017, resultaron 40 hombres y nueve mujeres periodistas agredidas, en tanto que un colaborador del periodismo, un voceador, también resultó afectado por el clima de violencia, así como un medio de comunicación, una radio comunitaria, la que fue sacada de la frecuencia obligándola a dejar de transmitir al aire.
En el municipio de Ciudad Serdán fueron agredidos un hombre y una mujer periodista, en Cholula los ataques fueron contra dos comunicadores hombres, en Huejotzingo se agredió a un periodista varón, en Teziutlán se amenazó a dos hombres periodistas y dos mujeres comunicadoras, en Tehuacán fueron seis hombres y una mujer periodista los agredidos, en Zacapoaxtla se atentó contra un hombre periodista, en Zacatlán fueron un hombre y una mujer periodista los amenazados.
En Vicente Guerrero se agredió físicamente a dos hombres periodistas, en Izúcar de Matamoros fueron dos hombres y una mujer periodista los agredidos, en el municipio de Xicotepec se amenazó a un hombre periodista, en Acatlán de Osorio fueron dos hombres periodistas los agredidos, en la ciudad de Puebla fueron cuatro hombres periodistas los amenazados, en San Martin Texmelucan fueron seis hombres y dos mujeres periodistas los agredidos, en Libres se agredió a un hombre comunicador y en Tlacotepec fue una mujer periodista la victima de agresiones.
En el municipio de Huauchinango se registró la agresión de dos hombres periodistas, en Huixcolotla un hombre periodista fue amenazado de muerte, en Atlixco se agredió a un hombre periodista y en Tecamachalco fueron tres hombres comunicadores los amenazados, en tanto que el único caso de un colaborador del periodismo agredido que se registró en el estado fue en Caxhuacán, en donde un voceador fue secuestrado por policías municipales al momento de realizar la venta de impresos.
De todos los casos documentados a lo largo del 2017, los más graves son los que se registraron en los municipios de Chignautla, Tlacotepec y Vicente Guerrero; en Chignautla, la víctima recibió amenazas de muerte y secuestro contra él y su familia vía telefónica, mientras que en Vicente Guerrero, la víctima sufrió un intento de homicidio por parte de dos agresores, que lo dejaron con serias lesiones físicas y lo obligaron a desplazarse de su lugar de origen, siendo este el primer caso de desplazamiento que se registra el estado de Puebla.
En el caso de Tlacotepec, la víctima sufrió un intento de linchamiento, luego de hacer una cobertura periodística sobre el linchamiento de cuatro personas, siendo retenida en un taxi y obligada a borrar las imágenes levantadas sobre el suceso; fue retenida en el lugar y amenazada con ’llamar al pueblo’ si no borraba las imágenes de la cámara.
Cabe destacar el caso de Tecamachalco, en donde por primera vez el crimen organizado filtró una versión directa, a través de mensajes de texto, en donde puso ’precio a la cabeza’ de tres comunicadores que resultaron incomodos por su actividad periodística, siendo este el primer caso de su tipo a nivel nacional, lo que hizo que interviniera con una investigación directa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el estado de Puebla, al igual que en el resto del país, las agresiones a los comunicadores fueron ejecutadas por cuatro grupos de agresores: agentes estatales, crimen organizado, particulares y desconocidos. En el primer grupo se integra a funcionarios públicos de todos los niveles y elementos de las policías estatales y municipales.
En las investigaciones de campo realizadas por personal del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se destaca que la mayoría de las agresiones cometidas contra periodistas, colaboradores del periodismo y medios de comunicación en el estado de Puebla, provienen de particulares.
A diferencia de otras entidades del país, que se distinguen también por ataques a la libertad de expresión, en el estado de Puebla el número de atentados provenientes de grupos identificados con el crimen organizado, apenas representó el tercer nivel de riesgo, pues por encima de estos se ubican las agresiones realizadas por agentes estatales, en donde se incluyen alcaldes, funcionarios públicos, policías municipales y mandos policiales del estado y de los municipios.
De las 49 agresiones que se cuantificaron en el 2017 contra la libertad de expresión en el estado de Puebla, 17 de ellas fueron cometidas por particulares, 14 por agentes estatales, 11 por el crimen organizado, y siete por personas desconocidas, las que actuaron anónimamente con amenazas de muerte vía telefónica, principalmente.
De esa forma, se establece que de todas las agresiones cometidas contra los comunicadores en el año que recién concluyó, el 33.33 por ciento fueron cometidas por personas particulares que se vieron afectadas por el trabajo informativo de los periodistas locales, 29.1 por ciento de las agresiones las cometieron agentes del gobierno, incluidos alcaldes, una diputada, funcionarios públicos y policías, mientras que el 22.91 por ciento de los ataques a la prensa fueron cometidos por elementos identificados con el Crimen Organizado, y el 14.58 por ciento de agresiones fueron cometidas anónimamente.
De los 49 casos de agresión a periodistas que se registraron a lo largo del 2017, en donde tuvo participación directa este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, en el 76.4 por ciento de las veces se abrieron carpetas de investigaciones sobre los hechos, en 12.24 por ciento de los casos no se abrió ningún tipo de investigación, 8.1 por ciento de los casos fueron asumidos por la federación sin conocerse si se abrió o no carpeta de investigación, y en 6.1 por ciento de los hechos no fueron denunciados por temor de las víctimas a mayores represalias.
Cabe destacar que del total de los casos atajados mediante denuncias públicas, el 36.11 por ciento fueron atendidos por instancias federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El 63.88 por ciento de las denuncias fueron atendidas por instancias del gobierno estatal, principalmente por la Fiscalía General del Estado y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Aun cuando el asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos, ocurrido la noche el 14 de septiembre del 2015, no se contabiliza en el presente informe como parte de los agravios a los periodistas en el estado de Puebla, sí es un caso al que se le ha venido dando puntual seguimiento por parte de este Colectivo Nacional de Alerta Temprana.
En ese sentido, esta organización no gubernamental ha sido insistente ante las autoridades investigadoras del estado de Puebla y de la federación, a fin de que se dé un informe público detallado de los avances en la investigación del caso, los que a nuestro parecer, con base en investigaciones de campo realizadas por personal de este Colectivo, indican una total desatención por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, en torno al caso del asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos, se han llevado de manera irregular, pues no sólo se han practicado fuera de la metodología jurídica, sino que algunas de ellas, siempre a conveniencia de la Fiscalía, se han filtrado a la opinión pública a través de medios de comunicación afines, siempre para denostar la personalidad periodística de la víctima, y de paso acusar a dos periodistas del asesinato.
La práctica observada en Puebla, entorno a la investigación del asesinato de un periodista, no dista de la forma en que es tratada generalmente por las fiscalías de los estados con mayor índice de asesinatos de periodistas, como es el caso de Veracruz, en donde la primera acción oficial es la de denostar la personalidad periodística de la víctima, a la que se le intenta desacreditar su honestidad en forma pública.
Otra práctica común que ha sido retomada por la Fiscalía de Puebla, de otras Fiscalías de estados con elevados índices de asesinatos de periodistas, es la criminalización de varios periodistas del círculo inmediato de la víctima sobre el mismo asesinato, que en el caso de Aurelio Cabrera Campos involucró a los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez, también periodistas críticos del sistema.
El señalamiento de las Fiscalía de los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez, tuvo un efecto colateral, que desde el inició ha sido señalado por este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, al considerar que el de Aurelio Cabrera Campos es un homicidio de estado, que también retiró de la vida periodística a los dos comunicadores señalados como presuntos responsables de la ejecución.
A la fecha no existen avances sustanciales en la investigación sobre las verdaderas causas que propiciaron el asesinado de Aurelio Cabrera Campos, ni se ha indagado sobre el o los verdaderos responsables de esta ejecución, en donde los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez siguen apareciendo como los principales indiciados, pese a que no existen pruebas periciales de fondo que así lo apunten.
A consideración de este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, el señalamiento que se ha hecho sobre los Garrido, no cuenta con ningún sustento pericial, toda vez que las pruebas en las que se fincan las ordenes de aprehensión que en contra de los dos comunicadores mantiene vigentes la Fiscalía General del Estado de Puebla fueron creadas a modo, para generar un estado de zozobra y división entre el gremio periodístico de la zona Sierra Norte del Estado de Puebla.
Esta no es la primera ocasión en que el gobierno estatal de Puebla practica actos de intimidación contra un grupo de comunicadores, allí está también el caso del periodista Marco Antonio Vásquez, quien se encuentra preso y olvidado en la cárcel de Teziutlán, luego de ser señalado, sin fundamentos legales, del delito de violación desde hace ya más de 9 años, quien a la fecha enfrenta una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel.
La detención de Marco Antonio Vásquez, quien fue encarcelado en abril del 2009 tras una confabulación de funcionarios municipales de Teziutlán y de la administración del gobernador Mario Marín, causó un efecto silenciador en la prensa de esa parte de la zona norte del estado de Puebla, en donde se dejó de practicar el periodismo crítico y de investigación, dando paso a la creación de la primera zona de silenció en el estado.
El surgimiento de estas zonas de silencio, en donde los periodistas ante el temor de las amenazas, la persecución y la intimidación, optan por ejercer un periodismo alejado de las causas sociales y la denuncia, ha venido en aumento en todo el estado de Puebla, registrándose a la fecha zonas vedadas para el periodismo crítico como son los municipios de San Martín Texmelucan, Xicotepec, Huauchinango, Francisco Z. Mena, Tepeaca, Amozoc, Acatzingo, Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez, Tochtepec, Tecamachalco, Esperanza, Ciudad Serdán, Quecholac, Chignautla, Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Zacatepec.
Las zonas de silencio que van en crecimiento en todo el estado, se agudizan en detrimento para la comunidad en general, la que deja de tener información relevante en la prensa local, no sólo por la falta de un periodismo de investigación, sino porque en muchos municipios se ha vedado también la circulación de impresos, toda vez que los voceadores también son blanco de agresiones e intimidaciones que les impiden llevar las noticias.
El gremio de los voceadores, como colaboradores activos del periodismo, es otro de los sectores en los que ha centrado su atención este Colectivo Nacional, pues en el 2017 se registró un caso de secuestro en contra de uno de los trabajadores de este gremio, el que se ubicó en el municipio de Teziutlán, pero también se tuvo conocimiento de amenazas contra trabajadores de la venta de periódicos en los municipios de Huehuetlán El Grande, Acatzingo, Chignahuapan, Amozoc, Palmar de Bravo, Huixcolotla, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Huejotzingo.
En estas localidades los voceadores tienen que encarar condiciones adversas para poder realizar su labor. En muchos municipios tienen que pagar cuota a las autoridades municipales, policías y particulares, para poder realizar la labor de venta de periódicos, pero también se han registrado casos de extorsión, chantaje, privación ilegal de la libertad y lesiones contra estos colaboradores del periodismo.
Sin embargo, de acuerdo a revisiones realizadas por este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, la mayoría de los periodistas del estado de Puebla, a causa del estado de violencia en el que se tienen que desenvolver en forma cotidiana para la realización de su trabajo, la mayoría de ellos registran condiciones de salud alarmantes.
Los principales padecimientos que los periodistas manifiestan en esta entidad, como consecuencia del estado de agresiones y violencia que padecen, van desde las clínicas graves como estrés postraumático, padecimientos estomacales, diabetes e hipertensión, hasta las sociales como dificultades para el sostenimiento de sus relaciones personales y de pareja, adición a sustancias prohibidas, adicción al alcohol, delirio de persecución, paranoia e inestabilidad emocional.
Atención especial merece el apartado de los periodistas de la tercera edad, que es un sector del gremio que va en crecimiento constante por razones naturales, en donde se observa un alto grado de discriminación laboral y social, que los empuja a la pobreza extrema y el abandono social, como es el caso de los periodistas Vicencio Ortiz Libreros y Gumersindo Calderón Juárez, en la Sierra Norte del Estado.
Vicencio Ortiz Libreros murió en el mes de julio del 2016, casi en completo abandono, tanto por las autoridades estatales y municipales, como por sus compañeros de gremio, en donde no ha prosperado la creación de un fondo económico de ayuda emergente para los periodistas en edad avanzada que ya no pueden ejercer su labor en forma dinámica. El periodista Gumersindo Calderón Juárez a la fecha, aunque ciego, practica el periodismo como única forma de sustento económico para su persona y de su familia.
Para encarar el reto que frente a si tiene la libertad de expresión en el estado de Puebla, a fin de subsistir en esta ola de violencia y agresiones, el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, realiza una serie de acciones tendientes no sólo al mejoramiento de las condiciones de seguridad de los comunicadores, a través de la autoprotección y la capacitación laboral.
En el 2017 este Colectivo llevó a cabo talleres de capacitación y autoprotección para los periodistas de Teziutlán, Tecamachalco y San Martin Texmelucan, en donde a la par de información de ayuda a los periodistas para evitar agresiones y la forma de encararlas, también se les capacitó en redacción, metodología periodística y géneros periodísticos, entre otros.